Asamblea Nacional comenzó segundo debate del proyecto de #LeyFinanzasPúblicas

La sesión 668 continuará este miércoles 13 de mayo a partir de las 08h00

Con la presencia virtual de 135 asambleístas, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo Caicedo, dio inicio a la sesión del Pleno para tratar en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica para las Finanzas Públicas, que fue enviado por el Ejecutivo el 16 de abril, con el carácter de urgente en materia económica.

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Hoy se leyó el informe preparado por la Comisión de Régimen Económico que recoge varias propuestas de la sociedad civil, de entidades del sector público y privado, analistas económicos y constitucionalistas que modifica el 80 % del proyecto original del Ejecutivo.

Comisión general

El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó, de manera virtual, a Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa y presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), quien se refirió a cuatro artículos del proyecto de Ordenamiento de Finanzas Públicas: 2, 3, 6 y 16, respecto de la autonomía administrativa, financiera de la seguridad social y pidió que se respete la Constitución.

Indicó que en la norma constitucional se estable a la seguridad social como un régimen especial, sus fondos son propios, distintos a los del Estado, por tanto, ninguna institución puede interferir o menoscabar su patrimonio. Dijo que en el artículo 2 del proyecto que se refiere a la clasificación de las entidades del sector público, debe constar las instituciones públicas del sector financiero, no financiero y agregar una tercera, sobre las entidades de la seguridad social.

Demandó de la Asamblea Nacional, proteger el patrimonio, fondos y reserva de la seguridad social. A criterio de Jarrín hay una especie de confusión entre lo que es política, ley, planes y programas, lo cual genera, en ciertos momentos, entrecruzamiento de funciones, aspecto que debe ser clarificado en el proyecto.

Proyecto

Esta propuesta de ley está orientada a la sostenibilidad fiscal para garantizar la articulación entre la planificación y la disponibilidad de recursos, la previsibilidad de ingresos y gastos con presupuestos institucionales reales; y, la transparencia para el libre acceso de la ciudadanía sobre información de manejo de recursos públicos.

El articulado del proyecto establece límites al Ministerio de Finanzas para que no afecte la independencia de las entidades del Estado y puedan manejar sus presupuestos, así como se respeta las competencias definidas por la Constitución y se garantiza la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y de entidades de seguridad social. Además, ordena que el Gobierno Central no podrá usar los recursos de los GAD y de la seguridad social para mitigar los riesgos fiscales.

Prevé que la aprobación de programas y proyectos de cooperación internacional no reembolsables se realice de acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública y los ejecute Planifica Ecuador, con excepción de aquellos que reciban y ejecuten las universidades, escuelas politécnicas, GAD y la seguridad social.

Se determina que el Ministerio de Finanzas podrá modificar presupuestos para rebajar el Presupuesto General del Estado (PGE), con excepción de seguridad social, así como aumentar los ingresos y gasto que modifique los niveles fijados en el Presupuesto hasta por un total del 5 % de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. No computarán en este límite las operaciones de estado de excepción decretadas por el Presidente de la Republica.

Para el manejo fiscal, el informe plantea la creación de un seguro petrolero y minero para protegerse de las fluctuaciones de los precios del crudo y de los minerales; y, de un Fondo de Estabilización que será financiado con los excedentes de la explotación y comercialización de recursos no renovables, con el fin de garantizar la estabilidad económica, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud.

Según la propuesta, el Ministerio de Finanzas deberá incluir en la proforma del PGE una asignación en el gasto con el objetivo de atender las posibles contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales, que no podrá ser superior al 3 % del gasto total del PGE.

Así mismo, la Cartera de Finanzas  participará en la elaboración, actualización y consolidación de la programación macroeconómica en lo referente al campo de las finanzas públicas. La programación macroeconómica se emitirá en conjunto con el Banco Central  y será presentada hasta el 15 de abril de cada año.

Así mismo, Finanzas emitirá los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto. Para las entidades fuera del Presupuesto General del Estado, esta competencia le corresponderá al órgano que cada nivel de gobierno determine.

En cuanto a la regla de deuda y otras obligaciones de pago se señala que  el saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el equivalente al 40 % del Producto Interno Bruto (PIB). /BDP

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