Nicaragua: Una dictadura sancionada por «abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción»

Conozca el perfil de los nuevos funcionarios sancionados del régimen de Ortega

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El gobierno de  Estados Unidos sancionó a tres nuevos altos representantes de la dictadura de Daniel Ortega, por su implicación en «abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción».

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Los aliados sandinistas son el presidente interino del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López; y el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán.

Nicaragua, atraviesa una de las crisis más grave desde que ocurrió el estallido social en 2018, cuando la población comenzó a salir a las calles en contra de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la esposa de Ortega, Rosario Murillo; así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.

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Perfiles de los nuevos sancionados

Lumberto Ignacio Campbell Hooker

Lumberto Ignacio Campbell Hooker. El presidente interino del Poder Electoral, de 70 años, es un antiguo «comandante guerrillero» que fue elegido magistrado electoral por la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, en abril de 2014, y es hermano del actual embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.

Nacido el 3 de febrero de 1949, se integró al FSLN a sus 19 años, participó en la lucha armada contra la dictadura de los Somoza, y durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) fue funcionario de alto rango en la ciudad de Bluefields, en el Caribe, de donde es originario.

Estados Unidos lo señaló de estar involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que Ortega y sus aliados ganen elecciones.

Roberto José López Gómez

Es un médico y capitán retirado que fue nombrado al frente del INSS desde enero de 2007, cuando Ortega retornó al poder.

Una impopular reforma a la seguridad social fue el detonante de las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 en Nicaragua y que han dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.

Estados Unidos acusa a López, miembro de la sandinista Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), de participar en una serie de transacciones que involucran prácticas engañosas, apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, así como corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.

El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno, y ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, según el Departamento de Estado.

Ramón Antonio Avellán Medal

Graduado como docente, fue bombero y «guerrillero» antes de ingresar a la Policía Sandinista que luego pasó a llamarse Policía Nacional, de la cual es su subdirector y es considerado por los opositores como uno de los máximos represores de las manifestaciones.

Avellán dirigió la denominada «Operación Limpieza» en la ciudad de Masaya, al suroeste de Managua, uno de los focos de resistencia durante las protestas callejeras contra el Gobierno.

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