Juicio político a María Fernanda Espinosa: ¿De qué se le acusa?

Se descubrieron irregularidades cuando fue canciller

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Ante las irregularidades mientras ocupó el cargo de canciller del Ecuador, a María Fernanda Espinosa, aún miembro del movimiento Alianza País (AP), se le hará un juicio político desde la Asamblea Nacional, impulsado por representantes pertenecientes a los movimientos CREO y el Partido Social Cristiano (PSC). Son 59 los asambleístas que pidieron que se abriera la investigación y se emita la sentencia.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional califica a trámite el proceso de juicio político en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa», señala el documento con que se comunica a la decisión el inicio del proceso legislativo.

Espinosa quedaría «censurada» por la Asamblea Nacional, lo que representaría una «sanción política moral» en contra de su actuación al frente de la Cancillería, explicó en su momento la asambleísta Cristina Reyes (PSC). «Le pediremos a la Fiscalía que investigue y al presidente Lenín Moreno que deje de financiarla en Nueva York«.

Debido a que actualmente ocupa la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se le hizo llegar por valija diplomática una convocatoria para hacerle saber el proceso que se le ha abierto en su contra, con la opción que pueda personarse para rendir versión y argumentar su defensa.

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Espinosa dejaría de ocupar el cargo en la ONU debido a que el mismo está anclado a erario público, es decir, es pagado con fondos del Estado ecuatoriano. Los parlamentarios que pidieron el juicio político, determinaron que éste se debe a tres puntos claves bajo su gestión. Son los siguientes:

Nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange

Cuando le fue otorgada la naturalización al fundador de Wikileaks, a mediados de enero de 2017, María Fernanda Espinosa ocupaba la titularidad de la Cancillería de la República en el -ya de salida- gobierno de Rafael Correa.

Como una de sus últimas medidas, y luego de que Reino Unido no permitiera que Assange fuera admitido entre el personal diplomática acreditado en ese país, tomaron la decisión de otorgarle la nacionalidad por naturalización «en defensa de los intereses del país, de la garantía de los derechos humanos del asilado».

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Una gran cantidad de documentos han revelado que existieron irregularidades en este procedimiento y que no se cumplieron con los parámetros constitucionales y legales estipulados en la Justicia ecuatoriana. Uno de ellos es que a Assange nunca se le hizo entrega ni poseyó documento de identificación ni pasaporte, además de no aparecer en el registro civil, como lo señaló el extitular de ese ente, Jorge Troya, y añadió el ex director de naturalización Mauro Silva, que nunca se conoció cómo se llevó a cabo el manejo del caso.

Los legisladores que la acusan, entregaron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional 2.700 hojas con evidencias de presuntas irregularidades en el procedimiento de entrega de la nacionalidad al hacker.

Secuestro y asesinato de equipo periodístico

Aún está fresca en la memoria del país los lamentables sucesos de abril de 2018, cuando un equipo periodístico pertenecientes a El Comercio, se trasladó hacia la frontera ecuatoriana con Colombia para cubrir los movimientos de un grupo disidente de las exguerrillas FARC. Posterior a ésto fueron secuestrados y asesinados, noticia que se dio a conocer semanas después tras haberse hallado sus cadáveres.

Se señala que Espinosa no cumplió con sus funciones en cuanto a política internacional para que se resolviera el caso, se pudiera entablar una negociación y acelerara una posible resolución. La inacción en la denominada «crisis de la frontera norte», es algo que se le reprochó duramente al gobierno de Moreno

En la discusión suscitada en la Asamblea, algunos legisladores argumentaron que se debió a una omisión, sin embargo el criterio que se impuso fue que existió «falta de apoyo» de Espinosa en el caso y en toda la comisión estatal que se ocupó del mismo.

Ecuatorianos en la crisis venezolana

La comunidad ecuatoriana en Venezuela es la más amplia que cualquier otro país. En la actualidad, más de 300.000 ciudadanos hacen vida en ese país. A Espinosa se le acusa de no desarrollar planes o políticas de ayuda y acción ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentra gran parte de esa población.

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En su momento, Fernando Flores, asambleísta por el partido CREO, denunció que los ecuatorianos en Venezuela padecen de alimentos y medicamentos y acusó a Espinosa de ser cómplice del régimen de Nicolás Maduro por omitir y no ejecutar política públicas para salvaguardar a estos ciudadanos. «La ley garantiza y exige que el gobierno (de Ecuador) busque a los ciudadanos en calidad de vulnerabilidad, situación que nos encontramos los ecuatorianos en Venezuela», alertó.

Adicional, se denunció que el cobro del pasaporte ecuatoriano en territorio venezolano tenía un valor en dólares, moneda que en una economía convulsa y en hiperinflación, es difícil de hallar. Para entonces, el salario mínimo en Venezuela rondaba los 2 y 3 dólares mensuales, por lo que era insuficiente para el trámite.

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