¿En qué consiste la Doctrina Roldós sugerida por el Presidente Moreno para Venezuela y Nicaragua?

Esto se aplicaría sin violar los principios de no intervención sino como una forma de defensa

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¿De qué se trata esta doctrina?

Se trata de una doctrina de respeto a los derechos humanos que Ecuador propuso ante el Pacto Andino durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera (1979-1981) y quedo plasmada en la Carta de Conducta de Riobamba firmada el 11 de septiembre de 1980.

La doctrina toca 11 puntos:

  1. Procurar un ordenamiento político subregional generado en democracia de extracción popular y definido carácter participativo, sin perjuicio de los principios de autodeterminación de los pueblos, de no intervención y del pluralismo ideológico.
  2. Propiciar nuevos esquemas de desarrollo integral que, inspirados en principios de justicia social, permitan el cambio de las injustas estructuras aún existentes.
  3. Reiterar el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención.
  4. Promover la solución de las controversias que existen o pudieran presentarse entre los países del Grupo Andino o entre éstos y terceros, mediante procedimientos pacíficos previstos en el Derecho Internacional
  5. Propiciar un proceso de desarme subregional y regional que, inspirado en los postulados de la Declaración de Ayacucho, constituya una contribución efectiva al desarme general y completo, y permita liberar recursos para el desarrollo económico y social.
  6. Reafirmar el Derecho Soberano de los Estados a la libre disposición de sus recursos naturales como norma sustantiva de la convivencia internacional.
  7. Actuar solidariamente frente a cualquier amenaza o coacción económica que afecte a uno de los Estados del Grupo Subregional Andino, como modo de consagrar la seguridad económica colectiva de los mismos.
  8. Propiciar una mayor participación de los países de la Subregión Andina en las negociaciones de los problemas políticos y económicos, que se debaten en la comunidad internacional, particularmente en los que se refieren a la paz y seguridad y al Nuevo Orden Económico Internacional, en cooperación con los otros países latinoamericanos y demás del Tercer Mundo.
  9. Comprometer esfuerzos para la adopción de políticas comunes en los campos económico, social, laboral, educativo, cultural, tecnológico y de salud, entre otros, así como para la aproximación de las respectivas legislaciones nacionales.
  10. Aplicar, inspirados en los principios de la justicia social internacional, los instrumentos del esquema integracionista andino en forma tal que se deriven para los Estados, miembros beneficios equitativos entre los cuales conste el tratamiento preferencial para los países de menor desarrollo económico relativo, establecidos en el Acuerdo de Cartagena.
  11. Contribuir a la vigencia de la libertad, la justicia social y la democracia mediante el cumplimiento del compromiso Andino de aplicar los principios fundamentales establecidos entre otros instrumentos internacionales, en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración de los Derechos Humanos; en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados; en la Declaración sobre el Establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional; en el Mandato de Cartagena, de 28 de mayo de 1979; en la Declaración de Quito de 11 de agosto de 1979; en el Acta de Panamá de 1º de octubre de 1979; y, en la Declaración de Lima de 29 de julio de 1980.

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¿Por qué debería ser aplicada en Venezuela y Nicaragua?

Esta doctrina representaría una ayuda y una salida para Venezuela y Nicaragua, que se encuentran bajo el mando de dictadores como lo son Nicolás Maduro y Daniel Ortega. La activación de esto permitiría a cualquier país ingresar a los países afectados y realizar una extracción y posteriormente un juicio a los causantes de la crisis que viven los venezolanos y los nicaragüenses, ante un jurado internacional, sin violar los principios de no intervención sino como una forma de defensa de los derechos de dichas naciones.

La doctrina Roldós dice específicamente  “…el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales, constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino de Naciones y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, una intervención en defensa de los derechos humanos no lesiona la soberanía de ese Estado, ni implica violar el principio de no intervención, con la precondición a tal acción de defensa supranacional de los derechos, sea una acción que debe ser ejercida de forma conjunta…”

¿Por qué Lenín Moreno considera que debería ser aplicada en estos países?

Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno dijo que los estados están obligados a promover y defender los derechos humanos y el derecho a la democracia de todos los países de la región.

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“Los Estados tenemos el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juzgamiento de los responsables, la reparación integral y la realización de justicia para las víctimas y sus familiares”, dijo Moreno en su intervención en la que habló de la crisis migratoria venezolana.

En el caso de Venezuela y Nicaragua que son un claro ejemplo de la violación de los derechos y de las consecuencias que trae para un país y para toda una región que un país sea gobernado por un dictador, queda en manos de los Estados de la región y el mundo de tomar la postura postulada en la Carta de Riobamba, que establece que los derechos humanos pueden ir por encima de la norma suprema si estos se refieren a esta materia mismo, porque los estados partes se comprometieron a defender la soberanía, ya que una intervención de carácter supranacional en materia de derechos humanos no lesiona la soberanía de estos ni tampoco viola el principio de no intervención.

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